Ningún poder del Estado está por encima del mandato expresado por el referéndum del 21F.
Publicado el 15 de diciembre de 2017 en el periódico La Razón.
Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia cumpliera la sentencia constitucional de la banda de los seis habilitando la repostulación por cuarta vez de Evo Morales y de Álvaro García Linera, estaría aceptando la posibilidad de un resultado imposible de cumplir y anulando las elecciones de 2020.
En el supuesto de que el TSE aceptara la candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS) o de cualquier otro partido representado por Evo Morales y Álvaro García Linera y obtuvieran los votos necesarios para acceder a la presidencia y la vicepresidencia de Bolivia, ambos estarían inhabilitados para asumir sus cargos, porque ya los han ejercido por más de los dos periodos continuos permitidos por la Constitución Política del Estado. El referéndum del 21 de febrero de 2016 es una institución democrática popular vinculante, por lo que ningún poder del Estado está por encima de su resultado.
Recordemos la pregunta del referéndum: “¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”. E inmediatamente después, a modo de aclaración se agregó: “Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la CPE se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025”.
Mediante voto democrático, popular y directo, la mayoría del pueblo boliviano dijo No. Es decir, en el supuesto de que Morales y García Linera llegaran a postularse y ganar las elecciones, nadie podría tomarles juramento como presidente y vicepresidente del Estado por el periodo 2020-2025 sin caer en la comisión de delito, porque la CPE lo prohíbe; y por si fuera poco, también lo negó el voto popular en el 21F. El país, sin presidente y sin reemplazante, estaría expuesto a un vacío del Órgano Ejecutivo.
Hacer consideraciones sobre las encuestas y las percepciones sobre tal o cual posible candidato es apresurado y fuera de lugar para el fondo de la cuestión. Se trata de un tema de fondo conceptual, jurídico; además, reforzado por la legitimidad. Evaluar si la gestión presidencial de Evo Morales fue buena o mala; si los bolivianos lo quieren o lo odian; si el mundo es de derecha o de izquierda; si el imperio es Estados Unidos, la Guerra de las Galaxias o los chinos tampoco viene al caso.
Evo Morales y Álvaro García Linera no están habilitados para una nueva elección a los cargos que ejercen desde 2006. En 2020, cumplidos 15 años de mandato por tres periodos consecutivos (ya concedidos porque se aplicó la interpretación de que la Asamblea Constitucional puso en vigencia una nueva Constitución) deberán entregar el mando del país a cualquiera de los 11 millones de bolivianos y bolivianas que cumplan las condiciones constitucionales para postularse y asumir la presidencia y vicepresidencia de Bolivia.
En 2020 si se comete la aberración de que el TSE acepte esa candidatura, el voto que será marcado en la casilla de Evo Morales y Álvaro García Linera será el nulo. Evo estaría arriesgando las elecciones presidenciales de 2019, porque, de presentarse, no tiene opción a ser investido por prohibición expresa de la Constitución Política del Estado.
Y si se atreven a intentar desbaratar la democracia, esta vez sí que el pueblo boliviano deberá trabajar arduamente contra la candidatura nula de Evo Morales, porque si ganara, el TSE estaría exponiendo al país a la probabilidad de un mandatario sin aval constitucional, un dictador.
