Corruptos por metro cuadrado

En la rotonda del Plan 3000 y sus alrededores, un incendio dio fin a 284 casetas comerciales de los asentados sin autorización en un área pública. Tuvo que arrasar la fuerza mayor del fuego para que la ciudad intente recuperar uno de los al menos 200 focos de contaminación e insalubridad por mugre, peligro público por conexiones eléctricas y de gas improvisadas y caldo de cultivo de abusos y atropellos contra el derecho a la infancia y a la adolescencia, que a título de “mercados ambulantes” ocupan diferentes puntos de Santa Cruz de la Sierra en condiciones de ilegalidad e imposición de un modelo de negocio sustentado en el espacio público, por encima de cualquier racionalidad urbana.

 

Foto El Deber




El concepto de un mercado ambulante es asentamiento temporal. Una feria de artesanías, una feria de hortalizas y frutas, una feria de libros, una feria de cualquier producto que se instala a una hora determinada del día y se retira al finalizar la jornada, dejando el lugar impecable como lo encontró y rota por diferentes sitios de la ciudad. Eso es un mercado ambulante. En el caso que nos ocupa, detrás de la definición de “mercado ambulante” está la intención y la decisión de ocupar un espacio público para realizar comercio hasta que sea obligado a retirarse o consiga un lugar a conveniencia adonde trasladarse.

 

Del incendio, de la rotonda y de la inmundicia del canal que se encargan de tapar con sus desperdicios, hasta el momento son 2481 comerciantes que reclaman un puesto en alguno de los mercados municipales existentes en ese distrito de más de 200.000 habitantes.

 

Cuando se muestra la precariedad de las instalaciones, se sabe que no obedecen a una situación de calle o de miseria de los propietarios de los palos y las maderas perdidos en el fuego, sino que reafirman un modo de operar instalado en la cultura comerciante imperante entre los mercaderes de la calle, en El Alto, La Paz y también en Santa Cruz de la Sierra.  En la mayoría de los casos, se trata de un modus operandi. Los “empleados” de los puestos loteados son personas que venden en la calle para estar más a mano de los compradores y corren por el producto que les pide “la caserita”, un talle más chico, un color diferente, un kilo más o una cuarta o un tres por quinien, a un puesto más allá a cargo de su familiar y a otro un poco más allá, donde descansa el comerciante capitalista dentro de un mercado construido o en alguna casa alquilada.



El 2004, durante la gestión del alcalde Roberto Fernández y del concejal Jesús Cahuana en la Comisión de Mercados, el Gobierno Municipal aprobó la concesión gratuita por 30 años de un terreno municipal para un proyecto presentado por los dirigentes de estos comerciantes, con todas las exigencias constructivas, de habitabilidad y áreas comunes que demandó, especialmente, el Concejo Municipal. Han pasado 13 años y no sólo que jamás se trasladaron, sino que no lo terminaron de construir, tienen juicios los dirigentes y las empresas constructoras, el Vicepresidente de Bolivia les entregó hasta cheques para pagarlo y lo construyeron mal.  Además que su costo por metro cuadrado les resultó mucho más caro que el presupuesto original.

Según su propia información, “2.444 gremiales contribuyeron entre 850, 1000 hasta 1550 dólares por persona” con la finalidad de lograr consolidar un lugar de ventas que finalmente terminó siendo un inconcluso galpón deteriorado. De realizarse las mejoras recomendadas por los peritos en ingeniería, el Mercado “Modelo” del Plan 3000 debería ser suficiente para los 2.444 comerciantes que hace 13 años tendrían que haber abandonado el espacio público.

Sin embargo, en las dos décadas perdidas, los loteadores de la calle, la rotonda, el área verde, el canal, la avenida, se duplicaron porque a título de que viven al día –como la mayoría de cualquier persona con oficio o empleo que cumple su deber- el gran negocio es tomar un espacio público, asociarse para intimidar y extorsionar e ir a pedir un mercado, que encima con el tiempo que demore en construirse, es negocio redondo con sólo sentarse -en la calle, por supuesto- a esperarlo.

Recuerdo al apreciado médico emenerrista Dr. Cástulo Chávez, concejal de la primera gestión de Percy Fernández, cuando los ambulantes de Los Pozos exigían un mercado municipal para salir de la calle. Sacó un escritorio y una silla del plenario del Concejo al medio de la Plaza Principal, ubicado entonces en la planta alta de la casona central del Gobierno Municipal, y dijo: “Aquí me quedo hasta que el Alcalde me dé un consultorio”.



 

Publicado en mi columna quincenal de opinión en el periódico La Razón, Bolivia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *