Hoy que la lucha es, como lo fue siempre, por la Libertad, la Resistencia y la Justicia, mi homenaje del 8 de Marzo de 2022 es para Jeanine Añez Chávez, el espejo que retrata a la sociedad real del primer cuarto del siglo XXI.
A los 15 días de su huelga de hambre y a 347 días de su secuestro y privación de libertad, sin derecho a defenderse libre en un proceso justo, transparente e independiente.
Un juicio ilegal como el que se abrirá el jueves contra la ex Presidenta de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, es doblemente ilegal al realizarse a puertas cerradas.
Comenzó febrero, el mes que anunciaron que llegaría a Bolivia el relator especial de las Naciones Unidas sobre laindependencia de magistrados y abogados, Dr. Diego García Sayán. Si alguien creyó que el connotado jurista viene de paseo o a invitación protocolar del presidente, algún ministro,parlamentario o juez de los máximos tribunales del Órgano Judicial, tenga presente que su viaje oficial responde allapidario informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT serían las siglas en inglés) que a fines del año2021 confirma “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado enprocesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”. El informe que elaboró un equipo de diez expertos recomienda “llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justiciaa fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso”. Sin embargo, ante el silencio demoledor del TribunalConstitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Plurinacional de Justicia y el Consejo de la Magistratura, un tribunalsin competencia para procesar a una ex Presidenta Constitucional de Bolivia pretende iniciar el juicio oral y público el 10de febrero, por la vía penal, contra la señora Jeanine Añez Chávez, en base a un desdoblamiento inédito del caso abiertopor terrorismo, conspiración y sedición contra otros, sugestivamente ampliado 48 horas antes de su detención el 13 demarzo del año pasado, contra ella. El TCP, el TSP y el Consejo de la Magistratura son los absolutos responsables del Órgano Judicial y conforman un poderdel Estado en sí mismos; son garantes de la Constitución, del respeto a los derechos humanos, de las garantías del derechoal debido proceso. Atónitos, día a día, nos enteramos a través de diferentes medios de información, cómo callan ypermiten que el Gobierno abuse contra una persona, como también que asuma prerrogativas que son competencia delÓrgano Judicial, usurpando sus funciones. La razón de ser del Òrgano Judicial es la existencia de un poder independiente y autónomo que administre Justicia.¿Cómo es posible que formen parte y admitan que una comisión con integrantes del poder político revise los actos de(in)justicia en materia de feminicidios, violaciones o los delitos que fueren? La ex Presidenta Jeanine Añez se encuentra detenida preventivamente hace 331 días por la denuncia de terrorismo,conspiración y sedición. El CAT alertó por la tipificación de estos delitos en base a “conceptos extremadamente vagos”.Silencio de los máximos tribunales de justicia. El CAT recomendó adoptar “una ley sobre la carrera judicial que garanticela estabilidad profesional, revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conformea criterios públicos y objetivos, basado en el mérito”. El mismo Comité de las Naciones Unidas pidió a Bolivia “efectuar una revisión de su legislación antiterrorista, unareforma de los tipos penales de sedición y terrorismo, a fin de garantizar que sean acordes al principio de legalidad y a losestándares internacionales de derechos humanos” pero si los políticos no se dieron por aludidos porque han condenadoanticipadamente a una inocente, ésa no debiera ser la conducta de la Justicia. Como tampoco es independiente nitransparente quedarse en su limbo, propiciando que sea condenada en un juicio desdoblado una boliviana, una mujer, unaex Presidenta, sólo porque no hacen nada para reparar los daños de la ilegalidad y eligen someterla al maltrato, elescarnio, la negación de sus derechos, las torturas de mantenerla presa y sometida a un proceso inminente montado paracondenarla por delitos configurados a pedido del poder político. Jeanine Añez no es terrorista, señor relator Dr. García Sayán, señores magistrados. El artículo 184º de la Constitución Política del Estado de Bolivia le otorga al Tribunal Supremo de Justicia la atribuciónde “preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa Plurinacional” pero desconocemos sies la parálisis, la flojera, la dependencia o la negligencia que deja en manos de comisiones la administración de justicia, oen el poder político la condena de una inocente. Diplomada en DD.HH y escritora. @gabrielaichaso Publicado como columna de opinión en el periódico Página Siete el 7 de febrero de 2022.
El viernes temprano, en la explanada exterior del Museo de Historia Natural de la ciudad de Santiago, rodeada de uno delos hermosos parques de la Región Metropolitana, el presidente electo Gabriel Boric presentó al gabinete que loacompañará a gobernar Chile a partir del 11 de marzo. Lo conforman 24 carteras, 14 de ellas ocupadas por mujeres. LaMinistra de Justicia es socióloga y doctora en Filosofía, no abogada; viene de hacer carrera impulsando proyectosrelacionados con temas de desigualdad y de género en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En Bolivia, los responsables del Órgano Ejecutivo siguen sin entender que sus atribuciones y funciones empiezan yterminan en la Constitución. Las competencias del Órgano Judicial no son de su incumbencia. Sin embargo, el Ministerio de Justicia (con su yapa “y de Transparencia Institucional”) se ha instalado en el debate y en la operación política como ellargo brazo de la injerencia en la administración de justicia. Incluso, sin el menor rubor, ha asumido el rol de parteinteresada adhiriéndose e inmiscuyéndose en procesos judiciales donde la administración pública tiene sus propiosrepresentantes institucionales, según corresponda el caso, y aún así, desde esta dependencia ministerial se opinapúblicamente, se toma partido, se anuncian acciones… Se usurpa la vocería del Órgano Judicial, de la Fiscalía, de laContraloría, del poder político, acrecentando la imagen de un Estado omnipotente y achicando el ejercicio institucional debalances, controles y contrapesos, ni qué decir las posibilidades de esgrimir con garantías, los derechos consagrados de lapersona como tal. “Imagine un Ministerio de la Asamblea Legislativa. Los parlamentarios dirían ¡qué le pasa al Ejecutivo! Hablar de unMinisterio de Justicia e independencia judicial es incompatible…” Estas fueron las palabras textuales precisamente delactual Ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, el 15 de noviembre de 2020, prácticamente a horas de asumir latitularidad que él mismo definió como de un ministerio absurdo. El único sentido realista que pudiera justificar la permanencia de un Ministerio de Justicia dista diametralmente de lapropiamente dicha administración de justicia, conferida al Órgano Judicial, a un poder del Estado concebido comoindependiente del poder político residente en el Legislativo y el poder de la acción pública conferido al Ejecutivo. Seestima que sólo entre 2% y 4% de las controversias públicas y privadas se procesan en los estrados judiciales, por lo quemás del 90% de las discrepancias tendrían que resolverse fuera del Órgano Judicial. La determinación de lo justo es unarte, una práctica, que se presenta en los ámbitos del desempeño de las personas en sus roles cotidianos. La Justicia esuna aspiración mucho mayor a la tramitada -en última instancia- ante los tribunales: Tiene que ver con el acceso a laeducación, a la salud, a la equidad de género, a la protección de la infancia y de los más vulnerables, a la eliminación detrabas e impedimentos al ejercicio pleno de las libertades individuales. Esta es la visión y la lógica de política pública que converge en la designación efectuada por el próximo presidentechileno en la trayectoria, la experiencia y la formación de la socióloga y doctora en Filosofía. Nada que ver con laintromisión en el Poder Judicial, ni la censura de jueces ni la intervención en pleitos judiciales. En fin, la Justicia de la que tendría que ocuparse un Ministerio, si es que un Gobierno considera imprescindible supresencia en el Ejecutivo, nada tiene que hacer con los preceptos constitucionales atribuidos al Tribunal Constitucional, alTribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, a los jueces, al control y a la transparencia en la administración pública. Por lo mismo, tampoco le compete atribuirse la reforma judicial. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativasrelacionadas con la administración de justicia, tiene la facultad de iniciativa legislativa para su tratamiento obligatorio enla Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo expresa el art. 162 de la CPE. Ya es hora de que los elegidos para hacerlo, casi a punto de finalizar su mandato, asuman a plenitud sus responsabilidades,se quiten las vendas de ojos, oídos y boca y vean, escuchen y hablen por el clamor de verdadera, independiente ytransparente Justicia. Diplomada en DD.HH y escritora. @gabrielaichaso Publicado en la columna de opinión del periódico Página Siete el 24 de enero de 2022.
Gualberto Cusi fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional con la mayor cantidad de votos en laselecciones judiciales de 2011. Fue uno de los magistrados que no aprobó, en 2013, el fallo de sus tres colegas del TCPhabilitando a Evo Morales a un nuevo mandato inconstitucional. Cusi expresó públicamente que “el TCP dio una señal demanipulación e injerencia política”. (La Razón, 24.9.2013) Fue destituido en 2017, luego de un proceso viciado de irregularidades y violaciones a los derechos fundamentales deCusi y el Senado boliviano derivó su caso a la justicia ordinaria “por delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a laConstitución y las leyes, porque dejó en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado”. (P7, 2.6.17) La suspensión temporal de la aplicación de la ley denunciada no tenía precedentes en la jurisprudencia constitucional, locual no significa que la objeción atendida y fundamentada por el ex magistrado no hubiera sido jurídicamente posible. Sinembargo, Cusi había fallado a ojos vistas contra las aspiraciones políticas del Poder Ejecutivo y del poder casi absoluto delos dos tercios del partido de gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 19 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado de Paraguay por ladestitución arbitraria de dos ex ministros, resaltando la relevancia de la independencia judicial como uno de los “pilaresbásicos de las garantías del debido proceso” y observa que el Poder Legislativo paraguayo cuestionó la interpretaciónjurídica y legal de otros magistrados así como evidenció un “acuerdo político” del Poder Ejecutivo y los parlamentariospara removerlos del cargo. La injerencia del poder político en la administración de justicia no es una novedad. El año 2009, en una época recurrentede protestas ciudadanas a favor de la autonomías departamentales, se produjeron dos hechos criminales con la detonaciónanónima de explosivos en los domicilios de un viceministro y un cardenal católico, que derivaron en la revelación retóricade un plan terrorista para derrocar al gobierno de Evo Morales, con el enjuiciamiento penal de aproximadamente 40personas por espacio de casi 10 años, denuncias de extorsión fiscal, vicios procesales, violaciones a las garantíasconstitucionales y los derechos humanos. A partir de entonces y promulgada la Ley 170 que incorporó al Código Penal latipificación y modificación de los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo, separatismo y legitimación deganancias ilícitas, la injusta espada de Damocles se cierne tras cualquier denuncia en lugar de la justa espada de Themis. De manera aún poco investigada y difundida, ya se habla del oscuro camino político que va recorriendo la administraciónde justicia: el lawfare, el modus operandi detrás de operadores que responden a los montajes y andamiajes de mesasjudiciales, armado de causas y estrategias de comunicación jurídica, organizadas para plantar el disciplinamiento social ydemoler al adversario político o reducir al enemigo necesario. Una analogía de la descripción de warfare, término deestrategia militar acuñado a fines del siglo XX, que describe “un modo de guerra no convencional en el que la ley esusada como un medio para conseguir un objetivo militar”. Un equipo de investigadores de la Facultad de Derecho de laUniversidad de Buenos Aires plantea la incógnita de un sistema penal por fuera del estado de derecho, “forzando endeterminados casos el avance del aparato punitivo del Estado por fuera del sistema de garantías tanto nacional comointernacional”, refiriéndose a fenómenos socio-políticos e institucionales analizados en la región. Volviendo al escenario boliviano más inmediato, tenemos dos ex Presidentes de Bolivia acusados por el Estado por delitosde terrorismo, sedición y conspiración, ambos contrapuestos. Evo Morales está libre, que no es lo mismo que inocente; yJeanine Añez está detenida (preventivamente ¡300 días!), que no es lo mismo que culpable. Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, visitaráel país en febrero de 2022 y tendrá una agenda seguramente muy ocupada. Presenta sus informes anual y directamenteante la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos. Por la restauración de la Justicia, qué buenosería su encuentro con el ex magistrado Gualberto Cusi, para contrapesar con el desbalance de la historia oficial de lo bienque estamos. Diplomada en Derechos Humanos y escritora. twitter @gabrielaichaso Publicado en la columna de opinión del periódico Página Siete el 10 de enero de 2022.
Son los pueblos de las tierras bajas, con idioma materno y cultura propios, que viven con respeto a su entorno, a su fe, a sus costumbres.
Hace 90 días que es víctima de la venganza del poder político, por acción perversa de unos, por inacción perversa de otros. Hace 90 días que es prisionera política y la rehén del peor agujero negro que pueda tener la democracia: la injusticia. Hoy cumple años privada de la libertad por sus carceleros y por muchos otros que dejaron de nombrarla, borraron sus fotos de sus redes sociales, la denostan y la niegan como Pedro lo hizo tres veces antes que su Maestro fuera arrestado, juzgado y crucificado, le ponen peros a la infamia para no llamarla infamia. Hoy fue…
Hace 40 años conocí a Mariluz que me hizo escuchar por primera vez los latidos de Hijo1 en mi barriga.
Recibía a sus pacientes en consulta en dos piecitas en el medio de la nada, lejos de todo, allá donde decidió comenzar su misión de atender la salud de los que no llegaban al Hospital San Juan de Dios o, especialmente, a la Maternidad Percy Boland.
La mayoría de las familias con autismo que conozco -y que son muchas a lo largo de los años- han transitado por algunas etapas tan iguales a las mías, que me asombra que en nuestra sociedad se hubiera prestado tan poca o ninguna atención a la salud y a la educación pública con orientación, comprensión y contención a esta condición de vida.
