Va a haber otro referéndum para modificar la Constitución y permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato a Presidente de Bolivia. Están haciendo lo necesario para asegurarse de que así sea: destartalan a cualquier adversario por la vía de la muerte civil rápida, de quitarle el empleo o ingresarlo a la cárcel imprescriptible e indescriptible del proceso indeseable, maquiavélico, tortuoso, costoso, incierto y denigrante en el vaivén fiscal, policial y judicial. Evo va a presentarse a las elecciones de 2020 porque esta vez el “no”, endilgado al montaje del “cartel de la mentira”, será reducido a la mínima expresión de la única forma democrática que puede lograrse un acto inconstitucional cuando no alcanza la campaña ni el dinero: sumando ambiciones. Si la propuesta incluye la reelección de los Gobernadores, Alcaldes, asambleístas, parlamentarios y concejales inhabilitados como el Presidente para presentarse en los comicios que vienen, se les armó la fiesta.
En lugar de gastar papel, tinta y tiempo en combatir esta posibilidad arguyendo que no se puede, que se viola la Carta Magna, que quieren eternizarse en el poder, que seguir repitiendo lo mismo y lograr lo mismo, es decir y hacer nada, sería interesante, propositivo y estimulante, variar un poco la función ingresando al escenario diseñado por los gobernantes.
El punto está en qué cambia si Evo sigue de Presidente hasta que se canse o lo reemplace otro, en este modelo de país que no cambia sea cual fuese el gobernante.
La Constitución dice muchas cosas, mal redactadas, entreveradas, otras más claras pero ¿a quién le sirve? A la población, en su mayoría, no la ampara ni la representa ni la toma en cuenta a la hora real del día. Y si al Presidente tampoco le sirve, ¿no sería más honesto y propicio reescribirla sin que metan mano los burócratas consultores que se perdieron en la invención de palabras y de conceptos “competenciales”, “integrales” y “originario-campesinos”, impronunciables y vacíos?
Los usos y costumbres, por ejemplo, que incorpora como “justicia comunitaria”, ¿cómo se diferencian del maltrato y la violencia, especialmente hacia los niños, las mujeres y los más débiles? Pregunté estos años en algunas comunidades, cómo se sienten ahora que son “originario-campesinos” y me sonrieron sin la menor idea de lo que se trata. La educación superior, que dicho en serio debiera ser la de la infancia, coparticipa de manera especial recursos del Estado y tiene un trato discriminador respecto a los maestros escolares: ¿qué diferencia existe entre un profesor universitario y una maestra rural? ¿No es más meritorio lo segundo, respecto a su función social, que lo primero? La Policía, que sale a la revisión técnica vehicular cada diciembre, ¿por qué no se la ve el resto del año en una acción preventiva de seguridad pública? ¿Qué hacen los militares para llevarse la mayor porción del presupuesto nacional, con enormes predios urbanos y sin vigilar cada kilómetro de frontera donde los ilícitos de la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico tienen zona franca?
Es la larga la lista de pomposos enunciados constitucionales. El de la reelección, en estos momentos, es el que menos me ocupa. En todos los gobiernos, con las variantes de los problemas que ha ido introduciendo la modernidad, la posmodernidad y la globalización, con la anterior o la actual Constitución, la cultura profunda sigue siendo la violencia, la viveza originaria y criolla y la desigualdad.
