Gualberto Cusi fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional con la mayor cantidad de votos en laselecciones judiciales de 2011. Fue uno de los magistrados que no aprobó, en 2013, el fallo de sus tres colegas del TCPhabilitando a Evo Morales a un nuevo mandato inconstitucional. Cusi expresó públicamente que “el TCP dio una señal demanipulación e injerencia política”. (La Razón, 24.9.2013) Fue destituido en 2017, luego de un proceso viciado de irregularidades y violaciones a los derechos fundamentales deCusi y el Senado boliviano derivó su caso a la justicia ordinaria “por delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a laConstitución y las leyes, porque dejó en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado”. (P7, 2.6.17) La suspensión temporal de la aplicación de la ley denunciada no tenía precedentes en la jurisprudencia constitucional, locual no significa que la objeción atendida y fundamentada por el ex magistrado no hubiera sido jurídicamente posible. Sinembargo, Cusi había fallado a ojos vistas contra las aspiraciones políticas del Poder Ejecutivo y del poder casi absoluto delos dos tercios del partido de gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 19 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado de Paraguay por ladestitución arbitraria de dos ex ministros, resaltando la relevancia de la independencia judicial como uno de los “pilaresbásicos de las garantías del debido proceso” y observa que el Poder Legislativo paraguayo cuestionó la interpretaciónjurídica y legal de otros magistrados así como evidenció un “acuerdo político” del Poder Ejecutivo y los parlamentariospara removerlos del cargo. La injerencia del poder político en la administración de justicia no es una novedad. El año 2009, en una época recurrentede protestas ciudadanas a favor de la autonomías departamentales, se produjeron dos hechos criminales con la detonaciónanónima de explosivos en los domicilios de un viceministro y un cardenal católico, que derivaron en la revelación retóricade un plan terrorista para derrocar al gobierno de Evo Morales, con el enjuiciamiento penal de aproximadamente 40personas por espacio de casi 10 años, denuncias de extorsión fiscal, vicios procesales, violaciones a las garantíasconstitucionales y los derechos humanos. A partir de entonces y promulgada la Ley 170 que incorporó al Código Penal latipificación y modificación de los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo, separatismo y legitimación deganancias ilícitas, la injusta espada de Damocles se cierne tras cualquier denuncia en lugar de la justa espada de Themis. De manera aún poco investigada y difundida, ya se habla del oscuro camino político que va recorriendo la administraciónde justicia: el lawfare, el modus operandi detrás de operadores que responden a los montajes y andamiajes de mesasjudiciales, armado de causas y estrategias de comunicación jurídica, organizadas para plantar el disciplinamiento social ydemoler al adversario político o reducir al enemigo necesario. Una analogía de la descripción de warfare, término deestrategia militar acuñado a fines del siglo XX, que describe “un modo de guerra no convencional en el que la ley esusada como un medio para conseguir un objetivo militar”. Un equipo de investigadores de la Facultad de Derecho de laUniversidad de Buenos Aires plantea la incógnita de un sistema penal por fuera del estado de derecho, “forzando endeterminados casos el avance del aparato punitivo del Estado por fuera del sistema de garantías tanto nacional comointernacional”, refiriéndose a fenómenos socio-políticos e institucionales analizados en la región. Volviendo al escenario boliviano más inmediato, tenemos dos ex Presidentes de Bolivia acusados por el Estado por delitosde terrorismo, sedición y conspiración, ambos contrapuestos. Evo Morales está libre, que no es lo mismo que inocente; yJeanine Añez está detenida (preventivamente ¡300 días!), que no es lo mismo que culpable. Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, visitaráel país en febrero de 2022 y tendrá una agenda seguramente muy ocupada. Presenta sus informes anual y directamenteante la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos. Por la restauración de la Justicia, qué buenosería su encuentro con el ex magistrado Gualberto Cusi, para contrapesar con el desbalance de la historia oficial de lo bienque estamos. Diplomada en Derechos Humanos y escritora. twitter @gabrielaichaso Publicado en la columna de opinión del periódico Página Siete el 10 de enero de 2022.
